Fundación
Internacional de Derechos Humanos
Delegación
Territorial de las Islas Canarias
Ref. Num.-
02/2020
Email: islascanarias@fundacion.in.
COMUNICADO OFICIAL
Granadilla de Abona a, 7 de marzo de 2020
Estimadas señoras y señores:
El ocho de marzo es un día para manifestar que la igualdad
entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino que precisa de
la necesidad de materializarse como un hecho en acto, esencial, para estructurar
una sociedad más justa y equitativa. Según datos de la ONU, una de cada cinco
mujeres afirma haber sido víctima de la violencia física o sexual, dentro del ámbito
doméstico. En la actualidad, servicios básicos como el acceso a una educación, a
una atención médica, a un trabajo decente o la representación en las decisiones
políticas, sociales, culturales y económicas de los diferentes países no es un
derecho universal, a pesar de estar recogido en la Carta de Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Es por ello que es básico impulsar la igualdad
de las mujeres y de las niñas, por medio de las sociedades y de la humanidad, en
su conjunto, para beneficiar en ese proceso a la sociedad y que asuman los desafíos
e implicaciones que nos depara el nuevo siglo. Es una cuestión de justicia y de
razón defender la Igualdad de Género entre la ciudadanía. Derribar las
fronteras establecidas en los diferentes ámbitos donde se desarrollan las
sociedades. Luchar en contra de la desigualdad en el plano laboral, en las conductas
machistas en la vida cotidiana, micromachismos, en el deporte, en la
publicidad, así como con la cosificación de la mujer, es crucial para alcanzar
la igualdad real y efectiva.
Las
Naciones Unidas tiene como eje prioritario centrar su labor en el desarrollo
mundial en los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creados
recientemente y en los que las mujeres ocupan un papel indispensable. Estas
prioridades tienen por finalidad el reconocimiento de la igualdad y del
empoderamiento de la mujer como un factor inherente y de cohesión social y como
parte de la respuesta ante la injusticia y la discriminación. El Objetivo Cinco
del ODS es claro: «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y las niñas». Y se lo conoce como el objetivo de género en sí mismo, puesto que
su prioridad es alcanzar esos fines. Que no son otros que la igualdad y la
justicia.
La desigualdad es también un
tipo de violencia contra la mujer. Es una violación de los Derechos Humanos y
es, al mismo tiempo, una forma de discriminación y un atentado manifiesto
contra la Igualdad de Género. A esta definición no le puede surgir ningún tipo
de duda. Puesto que así lo establece el uso de la razón y los Convenios
Internacionales en los que el Estado Español es uno de los firmantes. Teniendo,
como garante democrático y social, el deber de ser el responsable de responder,
con las herramientas necesarias, de manera adecuada y proporcional a este tipo
de violencia. Y, por ende, la ciudadanía debe aceptar el reto de adaptarnos a
unas exigencias que, día a día, se hacen cada vez más imperiosas y necesarias
de materializar.
Tomando como referencia el marco establecido por el
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia
contra la Mujer y la Violencia Doméstica desarrollado en Estambul en el año dos
mil once, se firmó el primer tratado internacional en el que se definió el
concepto “De Género”. Donde se reconoce que las mujeres y los hombres no solo
se diferencian por su sexo biológico, sino que también existe una categorización
de género que está establecida socialmente y que asigna un determinado rol a
las mujeres y los hombres, en lo que concierne a sus funciones y a sus comportamientos
particulares. A través de los diferentes estudios realizados se ha constatado
que ciertas actitudes, costumbres y conductas pueden contribuir a que la
violencia contra la mujer se acepte y se imponga como un acto sistematizado.
En este otro campo, el Convenio del Consejo de Europa sobre
Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica
criminaliza todas aquellas acciones convencionalizadas y normalizadas hasta
ahora como delitos. Así, prácticas tales como la mutilación genital femenina,
el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada
está tipificadas como una transgresión flagrante de los Derechos Humanos. El
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia
contra la Mujer y la Violencia Doméstica establece por primera vez que los
Estados están obligados a introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos
graves que no existían con anterioridad. Una necesidad, un compromiso y un
deber que se plasma con efecto jurídico con carácter internacional, en la que
España es uno de los países firmantes y parte de la vanguardia mundial, en
estos momentos, aunque este hecho no es suficiente.
La Igualdad de Género nos
concierne a todos. Es un hecho irrebatible. El compromiso de la sociedad civil
con los Derechos Humanos es incuestionable. Pues gracias a su firme defensa y a
su promulgación la sociedad debe encarar un futuro donde la igualad, la
libertad y la fraternidad deben ser la guía incuestionable e inquebrantable de
los valores y principios que la atesoren. No hay marcha atrás. Este es un hecho
constatado y es un paso inflexible y decidido.
En ese sentido, es fundamental cambiar los comportamientos
habituales que se han estado permitiendo hasta ahora y que de una forma
deliberada han atentado contra la libertad de las mujeres y de las niñas. Todos
aquellos comportamientos referentes a las características asignadas en función
del género y de los estereotipos que han dado lugar a que la violencia y la
desigualdad contra la mujer sea aceptada, deben ser suprimidos de nuestro
imaginario más cercano y de nuestro modus operandi tradicional. Para ello,
debemos formar a la sociedad con las herramientas necesarias para desarrollar
las leyes y el marco jurídico necesario para hacer efectos los Derechos de Igualdad
que nos deben asistir en todo momento, sin importar sexo, raza, condición o
religión. Es preciso impartir formación a los profesionales que trabajan en la
docencia o con carácter público. Sensibilizar a la población de las diferentes
formas y modos de igualdad y, en contraposición, de violencia, así como de las
consecuencias que provocan. La educación debe ser el eje principal de la toma
de conciencia de la sociedad. Quizás, por ello, se hace imperativo volcar en
los diferentes planes académicos, de estudios, así como en los diferentes materiales
didácticos, todas aquellas cuestiones que conciernen a la igualdad y a la
libertad del individuo. Es esencial proteger y asegurar los Derechos de la
Mujer y que, por ende, sean el centro del campo de actuación de las medidas a
adoptar, a través de centros, organismos e instituciones especializadas que
estén capacitadas para prestar la asistencia jurídica, social, médica y
psicológica que se requiere. A ellas, junto a sus hijos que, en todos los casos,
se perfilan como uno de los eslabones más débiles del sistema y que precisa
resguardar y ayudar. Son la base del futuro de la sociedad que, en un acto de
generosidad y justicia por parte de la ciudadanía, restablece el equilibrio y
la ponderación para no crear víctimas colaterales y no dar pábulo a la
marginalidad y/o exclusión social de personas que no han tenido la oportunidad
de formarse y de participar plenamente en el estado democrático, social y de
derecho al que pertenecen. Desde la creación de refugios, ayudas sociales,
movilidad en todo el territorio estatal, protección de identidad y una acción
efectiva de los mecanismos de comunicación y denuncia, por medio de líneas
telefónicas gratuitas, con una disponibilidad total durante todo el año,
asegurarán el cumplimiento de una deuda que no puede dejarse esperar más. No
hay tiempo. Y es el hoy y el ahora.
Debemos ser intransigentes con todas las actitudes y con
todos los modos de actuación. Aplicar una reglamentación jurídica que debe
contemplar una legislación penal que asegure que la desigualdad y la violencia
contra la mujer es un delito tipificado y debidamente sancionado. Y que no
acepte ninguna justificación para cometer cualquier tipo de acto de violencia o
injusticia, ya sea por motivos culturales, de costumbre, religión o de “honor”;
que asegure que las víctimas tienen acceso a unas medidas de protección, acorde
con su situación, seguridad e integridad personal, especialmente durante los
procedimientos de investigación y judicialización de los casos, donde se
producen el mayor nivel de agresividad y violencia. Y que asegure que las
instituciones, centros y organismos públicos cumplen la Ley y que responden de
una forma eficaz e inmediata al requerimiento, por parte de la víctima, de sus
servicios y asistencias.
Para poder cumplir con los objetivos
trazados con el Derecho a la Igualdad de Género y con el Convenio de Estambul se
torna prioritario, al igual que la aplicación urgente de medidas –no podemos
permitirnos sangrar constantemente vidas, no podemos negociar con el dolor de
las demás-, exhortar a la práctica legítima de una igualdad real en nuestra
sociedad. El reto es exigente, pero la ciudadanía tiene que estar a la altura
de las circunstancias y de la Historia, y asimilar, a través del compromiso
social y el marco jurídico, un ordenamiento constitucional que preserve los
Derechos y los Deberes inalienables que se deben defender para cristalizar una
sociedad más justa e igualitaria. El Derecho a
la Igualdad y la violencia contra la mujer y la violencia doméstica no es una
cuestión de carácter privado. Nos concierne a todos. Es un acto público que no
puede pasar inadvertido y que se debe erradicar, de la forma más adecuada, del
material intangible de nuestro colectivo y de nuestra cultura. Somos parte de
una sociedad que no puede permitir la indignidad, ni la vergüenza, ni la
humillación de parte o de algún sector de su sociedad.
La
Delegación de Derechos Humanos en las Islas Canarias convida para que participen
los organismos públicos, los servicios regionales y locales, así como todas las
Instituciones y ONG´s, con vocación de servicio público, para afrontar y
defender de forma coordinada la igualdad de género y estar en contra de la
violencia contra la mujer. Es fundamental compartir y aunar esfuerzos. Disponer
de los recursos y herramientas públicas necesarias, para emplearlas de forma
efectiva, para establecer protocolos de cooperación y actuación conjunta. La
sinergia debe ser el leitmotiv colectivo, integrador e inclusivo, cuyo fin
último sea hacer una igualdad y una libertad real en la que toda la ciudadanía
en su conjunto, sin hacer excepciones, ni discriminaciones, pueda disfrutar de
ella. Debemos trabajar cohesionados y unidos en pro de los Derechos Humanos. Un
futuro mejor es posible, tenemos la oportunidad de conformarlo y este es el
momento.
Guillermo de Jorge
Delegado Territorial
Fundación Internacional de Derechos Humanos
Islas Canarias
